España tiene 450.000 niños y adolescentes menos en edad escolar, de cero a 15 años, que hace un decenio. Y de aquí a 2037 se recortará, previsiblemente, en 550.000 más. Es decir, desde el máximo histórico alcanzado en 2013 el sistema educativo habrá perdido en ese periodo de 24 años algo más de un millón de alumnos entre infantil, primaria y la secundaria obligatoria, si se cumple la proyección del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre nacimientos, que diversos demógrafos consideran, en todo caso, optimista. Un nuevo estudio del Centro de Políticas Económicas de Esade (EsadeEcPol) ha analizado dicho proceso, que será muy desigual: en casi la mitad de las provincias el descenso superará el 20%, en otras la bajada será más moderada, mientras en Almería y Baleares el número de alumnos incluso aumentará. El informe plantea al mismo tiempo una serie de medidas, algunas de ellas dolorosas, como el de organizar un cierre planificado de centros, que, según los autores, permitirían aprovechar el declive de alumnado para mejorar globalmente el sistema. La alternativa, no hacer nada, supondría, sostienen, malgastar una oportunidad y al final tampoco evitaría tener que clausurar escuelas.
Las previsiones del estudio, elaborado por Lucas Gortazar, Jorge Galindo y Ramón Pacheco, basadas en la proyección de población del INE, abarca hasta 2037, e indican que para ese año la población menor de 16 años será un 14,1% inferior a la de 2013, y presentará fuertes contrastes regionales. Los territorios de la mitad oeste de España perderán mucho más alumnado que los del este. Galicia, Asturias, Cantabria, casi toda Castilla y León, Extremadura, el sur de Castilla-La Mancha y buena parte de Andalucía registrarán los mayores descensos. En 11 provincias la bajada alcanzará o superará el 30% (en Zamora llegará al 44%). En el otro extremo, Baleares y Almería ganarán un 7% de estudiantes.
Dentro de las etapas obligatorias (6 a 16 años), la educación primaria, que llegó a alcanzar 3 millones de alumnos en 2017, habrá sufrido la pérdida para 2023 de un 20% de alumnos, hasta quedarse con 2,4 millones. En la ESO, el número de estudiantes habrá caído en 2037 un 25% respecto a su máximo, que ha alcanzado este año, pasando de 2,1 millones de alumnos a 1,6 millones. El informe propone aprovechar ese hueco para reducir el tamaño de las clases, ampliar los refuerzos al alumnado vulnerable, mejorar las condiciones laborales del profesorado y seguir expandiendo la Formación Profesional y el primer ciclo de educación infantil.
El número de nacimientos, que lleva cayendo de forma casi ininterrumpida desde 2008, y por tanto de alumnos en etapas obligatorias, está condicionado sobre todo por el número de mujeres en edad de tener hijos, y por el número de descendientes medio que tienen dichas mujeres. El primer factor explica la previsión de aumento de nacimientos a partir de este mismo año que contempla la proyección del INE, al haber empezado a llegar a edad de tener hijos las mujeres que nacieron en el último pequeño bum de nacimientos registrados en España (entre 1998 y 2008). El segundo factor, la tasa de fertilidad o promedio de hijos por mujer, se halla en su nivel más bajo en lo que va de siglo, por debajo de 1,2 hijos por mujer, una tendencia sostenida en la que intervienen desde cuestiones culturales a la escasez de políticas de fomento de la natalidad y protección de la infancia que hay en España.
Menos de dos hijos por mujer
Pero incluso si dichas políticas se incrementaran, los autores del informe advierten que, además de requerir tiempo para surtir efecto, “la realidad demográfica en Occidente es que, hasta ahora, ningún país que haya bajado de dos hijos por mujer ha vuelto a superar esa barrera”. Y sin alcanzar dicha cifra de dos hijos por mujer (en realidad de 2,1, para compensar la mortalidad infantil) que es la condición necesaria para “asegurar un reemplazo demográfico perfecto”, aunque pueda haber coyunturales de tendencia (por ejemplo, más nacimientos), “en ningún caso el nuevo máximo de alumnos superará al anterior”.
El estudio de Esade considera que ello debería llevar a las autoridades educativas a “asumir el declive demográfico como una constante, más que como una variable” y a planear cómo prepararse al respecto. “El descenso va a ser diferente, por barrio, por municipio, por comunidad autónoma, y va a tener un impacto desigual en la red escolar. Va a haber escuelas que se van a hacer muy pequeñas, y no todas van a estar en zonas rurales. También habrá muchas en zonas urbanas, por las dinámicas de escolarización”, afirma Gortazar. Según un análisis de 2019 realizado con datos del País Vasco, la inversión media por alumno de un colegio muy pequeño (de 50 a 100 alumnos) es muy superior, de 8.558 euros, que el de un centro con más de 400 niños, 3.972, prosigue Gortazar. “La pregunta es: ¿Dejamos que eso pase y no hacemos nada, y dentro de 10 años una comunidad autónoma puede haber pasado de tener, digamos, 100 escuelas pequeñas a tener 600? ¿O hacemos un ejercicio de anticipación con el objetivo de que la red escolar sea mejor, con escuelas más equilibradas y mejores servicios?”.
Hasta en las previsiones más pesimistas sobre la evolución del gasto público educativo de los próximos años ―como la que realiza la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef)―, en parte por factores como la mayor demanda de recursos que exigirá el envejecimiento de la población, la caída prevista de alumnado dará lugar a un excedente de fondos que las administraciones educativas deben decidir cómo invertir.
Posibles medidas
Los investigadores de EsadeEcPol plantean que, en vez de dejar que las cosas evolucionen sin más, con el creciente número de escuelas muy pequeñas absorbiendo una parte cada vez mayor del presupuesto educativo, las administraciones deberían planificar una “reestructuración de la red, de manera controlada, equilibrada y con mecanismos de compensación”, incluidos fondos para garantizar transporte y comedor gratuitos al alumnado que deba desplazarse como consecuencia de los cierres de las escuelas.
El informe plantea seis áreas en las que podrían invertirse, una vez realizada esa poda, el excedente de financiación por alumno. Reducir la ratio de alumnos por aula; ampliar el tiempo que los niños pasan en la escuela y aumentar el refuerzo escolar al alumnado socioculturalmente desfavorecido; mejorar las condiciones del profesorado (desde el salario a la reducción de la elevada tasa de interinidad, que ha alcanzado el 30% en la enseñanza pública); potenciar la colaboración entre profesores y la codocencia (dos maestros juntos en el aula); continuar expandiendo las plazas del primer ciclo de infantil (de 0 a 3 años) y de Formación Profesional, y aplicar políticas contra la segregación escolar, evitando que, sin una planificación adecuada, el descenso demográfico desequilibre aún más la composición social de los centros educativos.
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