La Eurocámara insta a los Veintisiete a sancionar al cliente de la prostitución | Sociedad

El Parlamento Europeo ha instado este jueves a los Estados miembros a que impulsen el denominado “modelo nórdico” para combatir la prostitución —que castiga al cliente y no a la persona, generalmente mujer, que se prostituye—, a la par que pide a la Comisión que elabore directrices comunes que garanticen los derechos fundamentales de estas personas, normalmente entre las más vulnerables de la sociedad.

El informe, no vinculante, llama a los Veintisiete a implementar “medidas efectivas para reducir la demanda de prostitución y, por lo tanto, de tráfico de seres humanos, de explotación sexual y de operaciones de grupos criminales organizados”.

Entre otras, propone que los Estados actúen en las áreas de “prevención y de descriminalización de personas prostituidas, especialmente mujeres”, así como en la “reducción de la demanda y el castigo de los clientes”, a la par que trabajan en la “destigmatización y eliminación de estereotipos”.

Los países también deberían proponer “programas de salida de la prostitución de alta calidad” y garantizar a las prostitutas “acceso incondicional” a la seguridad social y a la integración en la sociedad.

Este es uno de los pasos a menudo más difíciles y donde los Estados que ya tienen medidas en este sentido suelen mostrar debilidades. Así sucede en Francia, donde hasta los defensores de la abolición de la prostitución han reconocido que la insuficiencia de las ayudas para salir de ella —que además solo se proporcionan cuando la persona prostituida demuestra que ha dejado definitivamente ese mundo— está dificultando la reintegración social de estas personas. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que se reúne cerca de la sede parlamentaria de Estrasburgo donde se ha aprobado ahora el informe, acaba de aceptar la tramitación de una demanda de 261 trabajadoras sexuales francesas que denuncian la ley de prostitución que Francia adoptó en 2016 criminalizando al cliente, al considerar que ha provocado una degradación peligrosa de sus condiciones de vida y trabajo.

En un encuentro previo a la votación de este jueves, la autora del informe, la eurodiputada socialdemócrata alemana Maria Noichi, reconocía que todavía hay lagunas en estas normativas. “Los Estados tienen que poner dinero para que estas personas puedan entrar en la sociedad”, si no, acaban siendo leyes “en papel, pero no en la realidad”, señaló. De hecho, en el informe se subraya que, a la hora de implementar el “modelo nórdico” o igualitario, los países “deberían aprovechar las mejores prácticas empleadas en otros Estados miembros” para no repetir errores. Además, el texto propone que la Comisión Europea “recopile datos amplios que puedan servir de base a un estudio analizando las diferentes medidas en los Estados miembros” para combatir la prostitución y establezca “guías comunes europeas garantizando los derechos fundamentales de las personas que ejercen la prostitución”.

Una votación ajustada

La votación ha sido más ajustada de lo habitual —hubo 234 votos a favor, 175 en contra y 122 abstenciones— y ha estado muy dividida entre formaciones: socialdemócratas y populares votando prácticamente en bloque a favor, mientras que liberales, verdes y buena parte de los conservadores y la extrema derecha se posicionaban en contra o se abstenían, según destaca la agencia Efe. Aun así, Noichi ha celebrado que, con la aprobación de su informe, la Eurocámara “está dando voz a las personas, especialmente a las mujeres, que tradicionalmente han sido ignoradas, marginadas y estigmatizadas en nuestras sociedades”.

La prostitución es “una forma de violencia y causa y consecuencia a la vez de la desigualdad de género”, y su reducción, si no erradicación, pasa por “crear programas y alternativas de salida, erradicar la pobreza y la exclusión social, desmantelar los estereotipos y las desigualdades y reducir la demanda, abordando a los compradores”, ha subrayado.

Durante el debate que precedió a la votación, celebrado el miércoles, la eurodiputada María Eugenia Rodríguez Palop (Podemos) apoyó el informe y las medidas que proponen porque, subrayó, “una relación sexual no puede ser objeto de un contrato laboral ni aun cuando exista consentimiento, porque ese contrato supone siempre una violación de la libertad sexual”.

“La prostitución no es solo es una institución radicalmente capitalista, sino que no existiría si no existiera el patriarcado, porque lo único que le da sentido es la fantasía masculina de la dominación. Normalizarla supone institucionalizar los privilegios sexuales de los que gozan los varones y consolidar la subordinación estructural de las mujeres”, sostuvo la jurista, profesora de Filosofía del Derecho.

De similar manera se habían expresado previamente defensoras de la penalización de la prostitución como la escritora y activista abolicionista rumana residente en España Amelia Tiganus, quien en rueda de prensa en Estrasburgo pidió que se deje claro que “la prostitución no puede ser considerada un empleo”.

Algo de lo que el informe se hace específicamente eco, al señalar que la prostitución “no es un acto individual de una persona alquilando su cuerpo por dinero, sino un sistema organizado para lograr beneficios intrínsecamente violento, discriminatorio y profundamente inhumano que opera como un negocio y crea un mercado donde proxenetas planean un acto para aumentar sus mercados y los compradores de sexo tienen un papel clave en impulsarlo”.