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Las autoridades del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) respondieron a una propuesta de ley que busca establecer un registro público de personas condenadas por delitos sexuales, trata de personas y turismo sexual. Este proyecto fue discutido por el Comité de Seguridad y Narc de la Asamblea Legislativa.
La iniciativa, presentada por la actual diputada independiente Gloria Navas, tiene como principal objetivo salvaguardar la seguridad y el bienestar de niños, niñas y adolescentes, tratando de prevenir el contacto de estas personas vulnerables con individuos con antecedentes de delitos sexuales. especialmente aquellos que involucran a gente joven.
La propuesta parte de la premisa de que, dada la naturalidad de las agresiones sexuales, existe una alta probabilidad de reincidencia en este tipo de delitos. Por lo tanto, el registro propuesto servirá para emitir alertas preventivas a nivel nacional sobre la presencia de personas con antecedentes de delitos sexuales.
Además, se incluye de inmediato al Registro del Poder Judicial, la Autoridad Nacional de Protección a la Infancia (PANI), el Sistema de Emergencias 9-1-1, los municipios, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y otras instituciones públicas y privadas de este país. . Asimismo, si contempla la participación de entidades educativas y de salud, con el objetivo de fortalecer la protección de la población en general.
Rosa María Jiménez, líder de la sección especializada en violencia de género y trata de personas del OIJ, destacó la importancia de abordar este problema por el alarmante costo de la reincidencia en casos de abuso sexual, incluso en el contexto familiar. Jiménez señala que muchos casos de reincidencia en delitos sexuales lamentablemente culminan en feminicidios.
Para prevenir estos delitos, el OIJ implementa planes y operativos internos que supervisan periódicamente a personas condenadas por delitos similares. La creación de un registro permitiría al OIJ monitorear la forma más efectiva de infractores, siguiendo prácticas comunes en otros países.
Óscar Valverde, director de la Fundación Paniamor, presente entre el público, destacó la importancia de definir claramente el proceso de supervisión de este registro público. Si es necesario establecer un período mínimo de seguimiento, que podría variar de 5 a 15 años, cabe señalar que incluso después de este período, no se debe abandonar por completo la evaluación del éxito de un individuo.
En resumen, la propuesta de establecer un registro público de delincuentes condenados por delitos sexuales en Costa Rica busca proteger a la población, especialmente a los grupos más vulnerables, de personas con antecedentes penales en este ámbito. Esta medida, de implementarse correctamente, podría contribuir significativamente a la prevención de delitos y a la seguridad de la sociedad en su comunidad.
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